NOTA DE PRENSA REGULACIÓN MERCADO ELÉCTRICO.

Solo unos días después de que se hiciera público que Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres principales compañías del sector eléctrico español, obtuvieron el pasado año 2021 un beneficio conjunto de 6.533 millones de euros, la Agencia Internacional de la Energía publica un informe en el que advierte sobre los enormes “beneficios caídos del cielo” para las compañías del sector eléctrico como consecuencia del diseño del mercado mayorista de electricidad, un diseño hecho a la medida del sector que permite que las compañías que generan energía eléctrica con bajos costes, como son el carbón, la nuclear, la hidroeléctrica y algunas renovables, acaben cobrando el kilovatio hora producido al mismo precio que las compañías que generan energía eléctrica con altos costes, como está pasando en este momento y a lo largo del año pasado con el gas.

Las Marchas de la Dignidad de Córdoba exigen que se suprima de inmediato el llamado modelo marginalista vigente, en el que todas las tecnologías cobran el precio que marca la última unidad que permite casar oferta y demanda, porque el precio que marcan las centrales de gas determinan lo que recibe el resto de unidades de producción. De esta manera, aunque solo entre en el mercado mayorista un metro cúbico de gas, el resto de las centrales cobrarán el megavatio hora al precio que marque éste.

Este exceso de beneficios, estos “beneficios caídos del cielo” como se les llama coloquialmente en el sector, podrían ascender a más de 200.000 millones de euros en el conjunto de la Unión Europea. La gravedad de esta situación provoca que la Agencia Internacional de la Energía, un organismo dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es la agencia que la ha hecho pública, recomiende a los gobiernos atajar estos multimillonarios beneficios. Que una agencia de la OCDE, una organización creada para afianzar el sistema económico capitalista, haga este tipo de recomendaciones da una idea de lo escandaloso de la situación.

Las Marchas de la Dignidad de Córdoba reclaman al gobierno que intervenga con decisión y fuerce a la UE a revocar este modelo obsceno, un modelo construido a la medida de los intereses del sector y que está arrojando a la pobreza energética a decenas de miles de familias que se ven obligadas a prescindir de un suministro básico como es el de la energía eléctrica por no poder asumir los altos costes que el recibo de la luz está experimentando a lo largo del año pasado y en la actualidad.

Para las Marchas de la Dignidad, esta situación debería resolverse aplicando al sector eléctrico -un suministro básico que debería tener la consideración de servicio público- el artículo 128 de la Constitución española que dispone que “toda  la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Este artículo de nuestra maltratada Constitución reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y autoriza al gobierno a que reserve “al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio”, permitiendo en consecuencia “acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

En opinión de las Marchas, solo una intervención de las empresas del oligopolio eléctrico, como permite nuestra Constitución, puede resolver esta situación.